Rezago y deficiencias en la FEPADE

Rezago de averiguaciones previas; incapacidad, falta de eficacia; averiguaciones previas y carpetas de investigación que se iniciaron sin denuncia; insuficiencia de espacios para ampliar funciones para resguardo de expedientes; carencia de galeras para trabajar con detenidos; la falta de una sala de mando ministerial; una unidad de atención al público; una unidad de imputado desconocido; una unidad de análisis criminal; un debido espacio para la policía ministerial y peritos, son parte de las deficiencias y carencias que dejó Santiago Nieto Castillo en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR.

En el tema de recursos materiales se detectó en la FEPADE que no se dispone de un Plan de Trabajo Anual y la información localizada es inactual. El informe que la FEPADE rindió al Senado de la República sobre la situación Actual que encontró el actual Fiscal, Héctor Díaz Santana en dicha institución que dejó Santiago Nieto revela que se detectó la inexistencia de protocolos, ni de guías de actuación aprobados ni actualizados para el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Por lo que se refiere a las averiguaciones previas y carpetas de investigación muestra un rezago y los números de eficacia están en todos los rubros por debajo de la media nacional; finalmente, no se dio seguimiento a programas de trabajo interinstitucionales, ni a una capacitación sistemática en materia de delitos electorales.

En el tema de investigaciones, el informe detalla que a diferencia de las delegaciones de la PGR en el país que hace tiempo cerraron el sistema anterior, en la FEPADE, existe un evidente rezago de averiguaciones previas en trámite o pendientes de resolver, pues al 31 de diciembre de 2017 se encontraron un total de 2 mil 250.

En ese sentido cabe señalar que existen averiguaciones iniciadas en los años 2003, 2006 y 2009 sin concluir y que por otro lado existen al menos 800 averiguaciones previas que tienen 3 años o más, muchas de éstas con períodos de inactividad de más de un año. Muestra del rezago es que más de la mitad del personal de la Dirección de Averiguaciones Previas se destina a los asuntos del sistema tradicional.

El informe detalla que específicamente puede aseverarse que lo anterior obedeció a la intervención injustificada en posibles delitos electorales del fuero común, a pesar de la incapacidad para dar respuestas rápidas en diversos puntos del país; a la frecuente falta de oportunidad en la investigación por lo que se prescribe la acción penal en diversos expedientes; a una falta de eficacia en la persecución penal del sistema tradicional, al obtener menos del 40 por ciento de órdenes de aprehensión de las solicitadas ante el Poder Judicial.

Un 30 por ciento de las resoluciones del término constitucional son autos de libertad, y un 20 por ciento de sentencias son absolutorias; por ejemplo, del total de consignadas en 2016 aproximadamente sólo el siete por ciento terminó en condena.

Esto significa que se realizaron investigaciones, diligencias e invirtieron recursos humanos y materiales para judicializar Averiguaciones Previas y sólo en siete de cada cien casos el Ministerio Público logró una sentencia condenatoria por parte de los jueces.

Con relación al Nuevo Sistema de Justicia Penal, la capacitación a los Ministerios Públicos, aún es insuficiente para estar en posibilidad de migrar eficientemente al sistema acusatorio, así como una normatividad interna con rezagos debido a la inexistencia de protocolos ni de guías de actuación aprobados ni actualizados para el nuevo sistema de justicia penal.

Aunado a lo anterior, se encontró que las cargas de trabajo y complejidad de asuntos son dispares, y que se generó una dinámica de no colaboración en equipo, situación que repercutió en la eficacia institucional. En el marco del sistema acusatorio, es preciso señalar que no se previó el desempeño de un defensor público asignado a la fiscalía, premisa sustantiva del debido proceso penal.

En cuanto a la productividad promedio de los Agentes del Ministerio Público en la resolución de averiguaciones previas, en diciembre 44 Agentes del Ministerio Público de la Federación determinaron 184 averiguaciones previas. La productividad en este mes fue de 4.2 expedientes por AMPF.

En el caso de la productividad promedio de los Agentes del Ministerio Público en la resolución de carpetas de investigación, se encontró que en diciembre de 2017, 56 Agentes del Ministerio Público de la Federación (AMPF) determinaron 91 carpetas de investigación. La productividad en ese mes fue de 1.6 expedientes por AMPF.

La saturación y la disparidad de cargas de trabajo en los Ministerios Públicos de la FEPADE se expresa en que existen Ministerios Públicos que tienen a su cargo más de 300 investigaciones, cuando el promedio recomendado en el sistema acusatorio es de 30 asuntos; por otra parte, menos de 40 por ciento de las órdenes de aprehensión solicitados se conceden, debido a la falta de prueba idóneas y suficiente, de precisión y claridad en las consignaciones.

En materia de atención de denuncias es sustancial señalar que se detectó un rezago de 3 mil 600 denuncias que no se atendieron, algunas con más de un año de recibidas, toda vez que, aun cuando se inició el número de atención, no se ha realizado a la fecha ninguna diligencia de investigación y no se determinaron.

Contradictoriamente, se detectó que varias averiguaciones previas y carpetas de investigación se iniciaron sin denuncia, bajo el mal entendido argumento de que como la ley de la materia dice que las investigaciones son de oficio no se requiere la denuncia, que como sabemos, por disposición del artículo 16 constitucional es un requisito de procedibilidad, a fin de que el Ministerio Público no haga pesquisas, lo que ha sido señalado por varios jueces al conocer de las consignaciones, por lo que casos que pudieron haber sido sólidos, se fueron al archivo por ese error procesal.

Es evidente que no había la adecuada dirección sobre el personal sustantivo, que operaba conforme criterios errados, al consignar los asuntos sólo para hacer estadística, por lo cual, ante la gran cantidad de órdenes de aprehensión negadas, esos expedientes reingresaban a trámite, con lo cual se generaba un círculo vicioso.

También existe una práctica incorrecta, en asuntos con muchos imputados hacer separaciones de constancias para ir consignando uno por uno a los probables responsables y así incrementar el número de consignaciones, sin solventar las deficiencias de la investigación ya detectadas por los jueces en casos anteriores, por lo que incluso los magistrados como la del circuito de Quintana Roo, comenzó a dar vista de las posibles responsabilidades. En este tema, también se incurre en el error de iniciar en pleno 2017 averiguaciones previas, cuando por disposición legal, todo procedimiento de investigación que se inicie a partir de junio del 2016 tendría que ser carpeta de investigación, por lo que al consignar la averiguaciones, los jueces rechazan las mismas.

En cuanto a los elementos de policía ministerial, se encontró personal que labora bajo horarios de medio tiempo, lo que contribuyó en la ineficiencia de los resultados ante investigaciones que deben realizarse en diferentes puntos del país, investigaciones en que se participó en diversos casos sin justificación y bajo el conocimiento previo de la falta de personal para realizar la investigación científica de las conductas delictivas señaladas, lo cual es un principio del sistema de justicia penal acusatorio, así como una falta de colaboración y coordinación en las acciones.

Cabe señalar que el sistema informático “justicia.net” para la gestión institucional, no fue debidamente implementado, ya que la mayoría de los agentes del Ministerio Público no tienen claves de acceso al mismo ni están capacitados para su uso.

En materia de procesos penales del sistema tradicional existe falta de control sobre los que están en curso, al no tener debida comunicación con los MPs adscritos, y no llevar seguimiento en libros de gobierno.

Se advierte, también, baja eficacia en los recursos procesales interpuestos, tanto porque las resoluciones judiciales eran correctas y se apelaba sólo por sistema, como porque la expresión de agravios es deficiente y ello conlleva la confirmación del fallo que sí podría haber sido revocado.

No se tiene seguimiento a las sentencias condenatorias para su debida ejecución, menos a las medidas cautelares y de protección impuestas ni a las obligaciones contraídas en una suspensión condicional del proceso.

No se hace seguimiento de las audiencias del sistema acusatorio, al no acopiar y sistematizar el control de los discos con la grabación de las audiencias, y menos hacer una evaluación del desempeño de los MPs a través de la revisión de las audiencias.

Esto lo revela el informe que el actual fiscal Héctor Díaz Santana presentó ante el Senado de la República sobre lo que encontró a su llegada a la FEPADE y durante la administración de Santiago Niego.

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